Si bien la Juez Pública de la Niñez y Adolescencia, no fue demandada en la acción de libertad; sin embargo, por la informalidad de la misma, fue integrada de oficio por el Tribunal de Garantías, al resultar titular de la causa penal de violación de infante, niña, niño o adolescente. La referida Autoridad Judicial, se encontraba con baja médica y desde la fecha que retornó a sus funciones, hasta la interposición de la acción tutelar (3 días), no tramitó la notificación a las partes con el recurso de apelación incidental interpuesto por la víctima del delito contra el Auto que dispuso medidas cautelares contra el menor infractor, lesionando de esa forma el principio de celeridad vinculado a los derechos al debido proceso, interés superior del niño, niña y adolescente, y acceso a una justicia pronta y oportuna de la parte impetrante de tutela (TUTELA CONCEDIDA).