Los desmontes y quemas que afectaron a los territorios sobre los cuales se han practicado, implica que la ABT tiene el deber y la obligación de materializar los mandatos de la Constitución Política del Estado, respecto a la protección del medio ambiente, y aplicar medidas precautorias necesarias incluso de oficio; sin embargo, omitió realizar esta obligación al no haber protegido oportunamente los derechos de los impetrantes de tutela, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada