La Administración tiene facultad para imponer sanciones, pero tal potestad no alcanza en ninguno de los casos (disciplinaria o correctiva), a imponer la pena privativa de libertad, la cual está reservada al órgano judicial correspondiente

El Órgano Colegiado o autoridad investida con la facultad de sancionar y el servidor público

En mérito al principio ne bis in ídem, la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe garantizar el derecho a no ser sancionado dos o más veces, respecto a las multas coercitivas, las medidas de policía y la revocación de autorizaciones, licencias y caducidad de concesiones administrativas

La potestad administrativa sancionatoria, consiste en un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas, que encuentra su límite en los principios valores, derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos

La potestad sancionatoria administrativa, como parte del ius puniendi del Estado, se rige irremediablemente por los principios y garantías propias del derecho penal; sin embargo, en el ámbito administrativo disciplinario, los principios y garantías procesales operan con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal

Las multas coercitivas, las medidas de policía y la revocación de autorizaciones, licencias y caducidad de concesiones administrativas, tienen una génesis diferente a las sanciones administrativas